Mujeres invisibles: víctimas del sistema carcelario

Por Tomás Dávalos

Aguascalientes, Aguascalientes. 27 de marzo de 2017 (Agencia Informativa Conacyt).- Catalina Pérez Correa, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Región Centro, realizó un estudio llamado Las mujeres invisibles para describir los costos que tiene la exposición de castigos privativos de libertad en las familias de las personas en situación de reclusión.

Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó encuestas de salida en los reclusorios de la Ciudad de México y el estado de Morelos, para cuestionar a los familiares de las personas recluidas acerca de quiénes son, qué estudiaron, a quién iban a visitar, por qué delito estaba apresada esa persona, qué cosas le habían llevado, cuánto les habían costado, cómo había sido su experiencia al ingresar al centro penitenciario y cómo les había afectado en su vida y salud acudir de manera rutinaria a las cárceles.

La también miembro nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) sostuvo que de las respuestas obtenidas se desprende que la política penitenciaria no considera las problemáticas de género, pues es un sistema muy violento hacia las mujeres.

Agencia Informativa Conacyt (AIC): ¿Qué te motivó a hacer este estudio sobre los familiares de los presos?

Catalina Pérez Correa (CPC): Siempre se ven afuera de los penales unas largas filas que se forman con las personas que van de visita a los centros varoniles. Quería enfocarme en qué porcentaje de las personas que visitan los centros varoniles eran mujeres, entonces pedí información a las autoridades de la Ciudad de México y del estado de Morelos para saber cuántas personas visitaban, y encontré que de acuerdo con las estadísticas de visitas de las autoridades, 80 por ciento de las personas que visitan los centros varoniles son mujeres.

Catalina-Pérez-Correa-2.jpg Catalina Pérez Correa.Pero estas mujeres no se toman en cuenta, entonces este estudio, que hice con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que buscaba era entender quiénes son estas mujeres que van a los centros, qué relación tienen con las personas que están en la cárcel y cómo ha afectado su vida el que tengan a una persona en la cárcel.

Y lo que encontré fueron cosas bien interesantes, que hablan de lo poco que se considera el género a la hora de pensar la política penal y la política penitenciaria.

AIC: ¿Existe algún rasgo característico entre estas mujeres que acuden de visita a la cárcel?

CPC: Sobre las características de las personas, uno de los datos principales fue que, de acuerdo con el Inegi, cuatro por ciento de las mujeres que trabajan se dedica al empleo doméstico, pero en esta muestra encontramos que 29 por ciento de las mujeres que visitan los centros penitenciarios son empleadas domésticas, entonces eso es algo que llama la atención, por la diferencia con la población general.

En su mayoría son mujeres que no tienen educación, que trabajan de empleadas domésticas o en otros trabajos que no tienen protección legal, no tienen prestaciones laborales que las protejan y normalmente iban a visitar a su esposo o a sus hijos que, además, suelen ser acusados por delitos bastante menores.

AIC: ¿Por qué esta investigación aborda los costos que implica tener a un familiar en prisión?

CPC: En los reclusorios de México es frecuente que el Estado, sobre todo en los locales —esto no es tan cierto en los federales—, el Estado no provee las cosas que una persona necesita para vivir, entonces a los internos no se les da agua, no se les da comida, no se les da ropa, no tienen medicamentos, no tienen jabón, no se les da toalla, no tienen cobijas, zapatos, lo que se necesita para vivir todos los días. ¿Y quién provee esto? Las familias, pero no son las familias como un ente abstracto sino que son las mujeres, que a partir del momento en el que se encarcela a un varón, tienen que asumir el costo no solo de que perdieron a ese varón que proveía hacia la familia, sino que además ahora tienen que pagar la manutención de esa persona que está presa en la cárcel.

Entonces son costos que van desde los bienes que hay que llevar cotidianamente, como la comida, jabón, rastrillos, etcétera, para que la persona viva dentro del centro penitenciario, pero también hay otro tipo de costos que las personas tienen que pagar, que tiene que ver con la corrupción en los sistemas penitenciarios locales: si quieren cama los internos, hay que pagar, y eso puede ser hasta 20 mil pesos mensuales para que duerman en una cama y no tengan que dormir en el piso, o en algunos casos donde hay una sobrepoblación muy alta, algunos internos duermen amarrados de los barrotes porque no caben acostados uno al lado del otro. Entonces, si quieren una mejor condición de vida, las familias tienen que pagar para que no los golpeen, para que les den protección.

Luego también tienen que pagar cuando los visitan, por ejemplo, para usar una mesa tienen que pagar, si no quieren usar la mesa pueden pagar un poco menos por unas cubetas que les prestan, y si no quieren pagar, se tienen que sentar en el concreto en una esquina donde no está reservado el derecho de sentarse.

A veces tienen que pagar por los bienes que necesitan ingresar, a veces les tienen que dar dinero a los internos para que dentro del reclusorio compren agua o cualquier otra cosa que necesiten, entonces estas mujeres, que son familiares de los hombres que están en las cárceles, terminan pagando el costo del sistema penitenciario.

AIC: ¿Cómo afrontan estos costos las mujeres que viven esta situación?

CPC: Pues muchas veces las mujeres que no trabajaban, porque se dedicaban al cuidado de las familias, tienen que empezar a trabajar, o si ya trabajaban tienen que tener un segundo empleo, entonces muchas de ellas empezaron a tener un segundo trabajo para poder subsanar la carencia de bienes que los centros penitenciarios no aportan a sus internos.

AIC: ¿Qué repercusiones tiene esto para la vida familiar?

CPC: Tiene efectos que también los evalué en esta encuesta: ¿qué pasa con los hijos o personas mayores que estaban al cuidado de las mujeres que ahora tienen que ponerse a trabajar uno o dos turnos?

Una de las cosas que encontramos es el efecto que tiene el uso de las cárceles en los hijos de los internos: problemas de conducta, dejan la escuela, a veces ellos también son obligados a trabajar para poder pagar lo que implica el costo de la cárcel, problemas de alcohol o uso de sustancias, problemas con la autoridad, etcétera.

Lo que reportaban estas personas es que ven menos a sus familiares, no ven a sus vecinos muchas veces por vergüenza a que se enteren, porque hay una mancha ahí por tener a una persona en la cárcel, y toda su vida se convierte en conseguir dinero o ir al centro penitenciario.

Eso también es una cosa que sabemos desde los estudios de prevención del delito: que lo más importante para prevenir el delito son los lazos sociales, el control social que viene de comunidades que están vinculadas fuertemente, en la cual los vecinos se conocen, las familias están unidas, y eso es lo que más ayuda a prevenir el delito. Lo que vemos aquí es una política que justamente está rompiendo una de las herramientas principales para prevenir el delito.

AIC: Entre las preguntas incluidas en la encuesta hubo algunas relacionadas con la salud, ¿se registraron afectaciones en este sentido?

CPC: Alrededor de 60 por ciento de las personas había tenido problemas de salud a raíz del encarcelamiento de su familiar, muchas cosas relacionadas con el estrés, gastritis, presión alta, se agrava la diabetes. Es muy estresante que tienen a sus hijos en la cárcel y los tienen amenazados de que los van a golpear, y necesitan conseguir dinero para evitar que los golpeen o para que los cambien de algún lugar peligroso a otro donde van a estar más protegidos.

AIC: ¿Qué conclusiones sacaste de esta investigación?

CPC: Tenemos este sistema que supuestamente está utilizando la cárcel para prevenir el delito o sancionar el delito y reintegrar a las personas a la sociedad, de tal forma que ya no vuelvan a delinquir, pero lo que vemos es que es un sistema carcelario que en su interior es muy poco digna la vida y no lleva a la reintegración, la reinserción es un mito que tiene muchos más efectos retributivos, pero los efectos retributivos son hacia personas que cometieron delitos mínimos o que ni siquiera han sido sentenciados.

En realidad lo que vemos que está haciendo es castigar todo un contexto familiar, a las mujeres específicamente, y a los hijos los está poniendo en una situación de vulnerabilidad para que en el futuro ellos también entren a este ciclo de pobreza, delincuencia y problemas con la autoridad.