Cántaro Azul, agua segura en escuelas

Por Alberto Chanona  

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 31 de julio de 2018 (Agencia Informativa Conacyt).- En México, alrededor de 20 millones de personas consumen agua contaminada. Y muchas más deben gastar una parte de sus ingresos en comprar agua embotellada, pues dependen de fuentes de agua que no están disponibles todo el tiempo o no son seguras para el consumo humano.

El programa Franquicia Social, de Cántaro Azul, beneficia a mujeres para que ofrezcan agua segura a sus comunidades y obtengan ingresos para sus familias.

Las estimaciones anteriores provienen de Fundación Cántaro Azul, una asociación civil cuyo propósito es generar soluciones de agua y saneamiento en México, en particular, en las zonas de mayor marginación del país y, por lo mismo, con mayor riesgo de sufrir enfermedades gastrointestinales ocasionadas por falta de servicios.

Por su programa Agua Segura en Escuelas, en marzo pasado Cántaro Azul recibió el reconocimiento “Buenas prácticas y experiencias más exitosas en agua y saneamiento en las Américas”, en el 8o Foro Mundial del Agua, realizado en Brasil. 

Fermín Reygadas Robles Gil, director general de Cántaro Azul, conversó en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt acerca de los retos de agua y saneamiento que enfrenta México. Su diagnóstico: sistemas de agua y saneamiento deficientes, tecnologías que no toman en cuenta contexto y recursos locales y, sobre todo, instituciones y políticas públicas con agendas de corto plazo.  

La innovación y la tecnología, dice Fermín Reygadas, no bastan para enfrentar los problemas de México en el tema del agua y el saneamiento. 

Agua y desigualdad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el agua segura como aquella agua potable con cuatro características básicas: 1) que proceda de una fuente mejorada de suministro; 2) ubicada en el lugar de uso; 3) disponible cuando se necesita y 4) sin contaminación fecal ni de sustancias químicas prioritarias. 

“El agua contaminada y el saneamiento deficiente —señala  el organismo internacional— están relacionados con la transmisión de enfermedades como el cólera, otras diarreas, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Los servicios de agua y saneamiento inexistentes, insuficientes o gestionados de forma inapropiada exponen a la población a riesgos prevenibles para su salud”. 

Aun así, y a pesar de ser un derecho humano básico, el acceso a agua segura en México suele depender de los recursos de las familias para pagar por agua embotellada, filtros especiales o sistemas de almacenamiento adecuados. Pero no todas, y ni siquiera la mayoría, están en ese caso. 

El Consejo Nacional del Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) consideró, en 2016, que 53.4 millones de personas viven en situación de pobreza en nuestro país. Con ese grado de marginación, el acceso al agua y al saneamiento —un derecho resguardado por la Constitución— no es un problema menor, tanto en zonas rurales como urbanas.  

El Doctor Fermín Reygadas, mientras visita una de las comunidades donde opera un programa de Cántaro Azul para brindar agua segura en zonas rurales.—¿Qué tan segura es el agua que se consume en los hogares mexicanos? —preguntamos a Fermín Reygadas, doctor en agua, salud y desarrollo por la Universidad de California en Berkeley y director general de Cántaro Azul, asociación civil inscrita en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt).  

—Nosotros hemos realizado estudios en más de 500 comunidades de todo el país. Hemos encontrado que solo se clora el agua en menos de 20 por ciento de los sistemas de agua implementados por el gobierno federal (a veces también con recursos estatales). Había, además, muchos problemas de contaminación fecal (más de 40 por ciento de las muestras) y también de contaminantes fisicoquímicos, como el arsénico, fluoruros, nitratos, sales y minerales. Eso nos lleva a estimar que 80 por ciento de la población rural no cuenta con agua segura y, por tanto, a considerar que al menos unas 20 millones de personas consumen agua contaminada en México. Y eso, sin siquiera tomar en cuenta el contexto urbano. 

Las estimaciones y el entrecruzamiento de datos del doctor Fermín Reygadas son perfectamente razonables. Se refiere a que 22 por ciento de la población mexicana se encuentra en zonas rurales, de acuerdo con el Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Agua embotellada 

Aunque preocupantes, las cifras anteriores están todavía lejos de contar toda la historia. Pero hay un número que aclara algo más el panorama: solo 60 por ciento de la población mexicana tiene acceso a agua de buena calidad, afirma el doctor Fermín Reygadas, cuyo trabajo fue reconocido en 2014 por Ashoka, organización internacional que premia la innovación y el emprendimiento colaborativo.  

Fermín Reygadas Robles Gil cita un reciente estudio que, además del acceso a agua entubada, toma en cuenta indicadores más específicos como calidad, disponibilidad y accesibilidad, que figuran entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales.

“Ese indicador de México, donde 90 por ciento de la población tiene agua entubada, se cae en este estudio como a 60 por ciento. Es decir, que de la gente que sí tiene agua entubada, hay una parte que no tiene agua en su hogar de buena calidad, por lo que debe complementarla con agua embotellada para el consumo. Solo 60 por ciento o menos de la población cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces la situación es bastante grave”.  

Las palabras de Fermín Reygadas hacen recordar una situación que, aunque habitual para millones de mexicanos, está lejos de caber en parámetros de normalidad aceptables: la compra de agua embotellada. 

Según Euromonitor International, una compañía de investigación de mercado, el año pasado, en promedio, cada mexicano consumió 198.7 litros de agua embotellada. Para las personas con menores recursos, ese desembolso puede representar mucho más (hasta cuatro veces más) de cinco por ciento de sus ingresos, que sería lo aceptable para garantizar el consumo de agua segura, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

¿Qué hacer?  

En la opinión del director general y cofundador de Cántaro Azul, en el ámbito de la investigación y tecnología, uno de los retos más grandes es que las propuestas suelen quedarse cortas cuando son abordadas desde una sola perspectiva. 

“El agua es algo que toca todas las dimensiones de nuestra vida: social, económica, política, religiosa, cultural, estética. Por eso las soluciones requieren de combinaciones interdisciplinarias; al menos dos, como ingeniería y economía, o ingeniería y salud, por ejemplo”. 

Brigadas de apoyo de Cántaro Azul en Morelos, durante la emergencia provocada por los terremotos de septiembre de 2017. Cortesía Cántaro Azul.La fundación que dirige el doctor Fermín Reygadas no solo ha recibido múltiples reconocimientos, sino que es además un claro ejemplo de ese enfoque multidisciplinario que propone, al emplear alrededor de 50 personas, especialistas en distintos campos: biología, física, ingeniería, arquitectura, diseño industrial, pedagogía, sociología, psicología y hasta el arte. Gracias a ellas, la organización genera servicios sostenibles de agua, higiene y saneamiento, tanto en escuelas como en comunidades rurales, a través de la gestión comunitaria del agua. 

Pero eso es todavía insuficiente, explica Fermín Reygadas. Aun cuando las tecnologías —dice— sí aportan soluciones, el problema fundamental es institucional y de organización como sociedad. Y tiene que ver con instituciones sin mecanismos adecuados de rendición de cuentas y con agendas de corto plazo. “Porque muchas veces se tienen que hacer inversiones cuyos réditos no van a ver directamente en periodos de tres y seis años, que son los de las administraciones gubernamentales del país”. 

“Nosotros hemos contribuido a brindar servicios de agua, más o menos, a 20 mil personas. No ha sido poco el esfuerzo, desde luego, pero aunque multiplicáramos esa cifra por diez, apenas llegaríamos a 200 mil. ¡Nos quedaríamos cortísimos todavía frente al problema! Por eso, al identificar esta cifra tan grande, decidimos crear un área de Cambio Sistémico, con la que queremos contribuir a generar políticas públicas más efectivas, con mecanismos de rendición de cuentas que pueda utilizar la población, para el tema de la exigibilidad del derecho humano al agua y saneamiento. Y también para buscar colaboraciones amplias entre sociedad civil, academia, iniciativa privada,  gobierno y organizaciones de base, y conseguir una transformación a una escala mucho mayor de la que podríamos alcanzar nosotros de forma individual”.

Conseguir la colaboración conjunta de la sociedad civil, la academia, la iniciativa privada y las instituciones gubernamentales, sin embargo, no parece una tarea sencilla. Por eso, considera el doctor Fermín Reygadas, una de las inversiones más necesarias en el agua y el saneamiento, también válida para otros temas, sería la reconstrucción de la confianza.

“En México existe una desconexión muy grande entre la academia, la sociedad civil, la iniciativa privada y el gobierno. La academia ve con mucho escepticismo, y con razón, a la iniciativa privada. La iniciativa privada no suele voltear a ver a la academia. Y la sociedad civil es vista desde la confrontación o con un paradigma diferente".

Para el también físico, “resolver los problemas de las ciudades para brindar agua de buena calidad es algo bien complejo porque toca varias dimensiones, desde lo técnico a lo social. Resolver eso debería tener, al menos, el mismo mérito que otros logros científicos. En sociedades como la de México, con niveles de marginación tan grandes, la investigación y desarrollo tendrían que enfocarse con mayor determinación en eso, en resolver nuestros problemas. Los centros de investigación de México, el mismo Conacyt, podrían hacer más por fomentarlo, cambiando las reglas y los incentivos. Por ejemplo, en el caso de la pertenencia al SNI (Sistema Nacional de Investigadores), si los incentivos económicos no fuesen exclusivos de los centros de investigación pública, en organizaciones de la sociedad civil podríamos tener a más personas haciendo investigación”. 

El desafío no es solo de innovación 

Varios de los programas de Cántaro Azul combinan ecotecnias (baños secos y captación pluvial) con tecnologías que han creado ahí mismo. Un ejemplo es su Sistema de Agua Segura, desarrollado en colaboración con la Universidad de California en Berkeley, que desinfecta hasta 150 mil litros de agua y funciona con luz ultravioleta. O la Mesita Azul, que “inactiva bacterias, virus y protozoarios, con una capacidad de flujo de cinco litros por minuto, sin afectar las propiedades fisicoquímicas del agua, como el sabor y la temperatura”. 

A pesar de esos logros, Fermín Reygadas, director general de la organización, tiene claro que los problemas en materia de agua y saneamiento que enfrenta el país no van a resolverse solo con innovación tecnológica. 

“Realmente, tiene que haber cambios en todo el sistema. En las leyes y reglas de operación en torno al agua, en los mecanismos de rendición de cuentas, con transparencia de cómo se invierten los recursos. Mientras no exista todo eso, alineado a tener servicios sostenibles de agua y saneamiento, por más tecnologías innovadoras que pueda haber, o por más iniciativas de organizaciones como Cántaro Azul, de los centros de investigación, o de los barrios o escuelas, los cambios van a ser muy puntuales y no se lograrán las grandes transformaciones que necesita México”. 

Saneamiento 

En cuanto al tema de saneamiento, para el doctor Fermín Reygadas, uno de los errores históricos de México ha sido interesarse tanto por las tecnologías usadas en Estados Unidos, Canadá y Europa, que pierde de vista el contexto del país y los recursos reales con que cuenta para implementarlas. 

Instalación de Mesita Azul en San Francisco del Mar, Oaxaca, durante la emergencia provocada por los sismos de septiembre de 2017.“Cuando se tienen los recursos y las instituciones adecuadas, las tecnologías sofisticadas e intensivas pueden ser muy buenas. Pero en México también hay una relación clientelar entre gobierno y empresas. Se hacen grandes obras, se cortan listones inaugurales, y luego de un tiempo se abandonan. Porque los organismos operadores no suelen estar dotados de los recursos suficientes para mantener a personal calificado o siquiera pagar el gasto energético de la operación: la electricidad para las bombas de lodos activados, por ejemplo”. 

Pero hay, además —afirma Fermín Reygadas, también físico por la UNAM—, otras tecnologías que podrían dar mejores resultados en nuestro contexto. “Y son tecnologías que han sido aplicadas con mucho éxito en algunos lugares de América Latina. Por ejemplo: las lagunas de oxidación, que sí requieren algo más de terreno, pero es una tecnología muy efectiva para tratar el agua. Al no tomar en cuenta esas tecnologías, acabamos invirtiendo en plantas de tratamiento que terminan abandonadas o con un funcionamiento subóptimo”. 

En el terremoto, los problemas venían desde antes 

Por la capacidad técnica y experiencia de su equipo, así como por su confiabilidad, Cántaro Azul fue una de las organizaciones que participaron con brigadas para llevar ayuda, en materia de agua y saneamiento, durante la emergencia de los terremotos de septiembre de 2017, en Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos. 

“Lo que nosotros encontramos ahí es que muchos de los problemas de agua y saneamiento ya venían desde antes del terremoto. En esas circunstancias, en la mayoría de los casos, el sismo más bien agravó los problemas preexistentes en el tema. Por ejemplo, en San Mateo del Mar, una cabecera municipal sin agua entubada ni sistema de drenaje, el sismo fracturó las fosas sépticas y contaminó los pozos de modo mucho más rápido y directo. Pero el impacto mayor fue en los ingresos de las personas. Para enfrentarse a un servicio deficiente, tomaban medidas como comprar agua embotellada, adquirir combustible para hervir el agua, instalar tinacos o construir cisternas. El terremoto los dejó sin recursos para enfrentar esos problemas, que además se les multiplicaron de un momento a otro”. 

La mayor sorpresa, no obstante, expresa el doctor, fue en las ciudades o pueblos más grandes, pues ni siquiera durante el sismo los sistemas de agua entubada —donde sí servían— brindaron agua clorada. 

“Si hay un sismo y se saben todos los riesgos de salud que puede haber, el agua y el saneamiento son dos temas que necesitan una atención directa e inmediata. A lo mejor en México no se tenga la capacidad de clorar el agua en todas las ciudades (como de hecho ocurre), pero por lo menos en los lugares afectados durante una emergencia como la del sismo, deberían lograrlo”. 

—¿Debió hacerlo la Comisión Nacional del Agua (Conagua)? 

—La Comisión Nacional del Agua tiene varias responsabilidades. Pero muchas otras competen a los municipios. El problema es, más bien, que no hay procesos ni instituciones que fortalezcan a los municipios para que sepan cómo hacerlo. Y mucho menos en las comunidades rurales. Hubo lugares en Oaxaca donde las autoridades afirmaban estar clorando el agua, pero al tomar la muestra encontrábamos que no era así. No puede ser que ni durante la emergencia se hubiera clorado el agua. El sistema de agua estaba ahí en algunos sitios. Clorar no es difícil ni caro. Pero no existen ni las capacidades locales ni las instituciones que garanticen que se haga. 

 

 

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