Propuestas desde la academia en materia de seguridad y procuración de justicia
Por Yureli Cacho Carranza
Ciudad de México. 1 de septiembre de 2017 (Agencia Informativa Conacyt).- Identificar una problemática, estudiarla, proponer un método nuevo para su solución y ponerlo bajo la consideración de las instituciones responsables de implementarlo o, lo que es lo mismo, impulsar la traslación de ese método o modelo hacia la agenda pública, es algo que no siempre se logra, debido a la falta de capacidad para interactuar con los tomadores de decisiones. Sin embargo, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey obtuvo este engranaje en materia de seguridad y procuración de justicia.
Capacitación de la Policía del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León_foto cortesía de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
A decir del doctor en derecho constitucional y especialista en la implementación de políticas públicas en justicia Pedro Rubén Torres Estrada, la problemática que vive México en materia de seguridad y de impartición de justicia, relacionada con una alta impunidad y una constante violación de los derechos humanos, dio origen a que, desde 2008, se reformara la Constitución para cambiar de un sistema inquisitorio a uno adversarial, es decir, a los juicios orales, cuya fecha de aplicación en todo el país fue el 18 de junio de 2016 y el reto ahora es que se consolide.
El fortalecimiento de las áreas de procuración de justicia en México hacia un nuevo sistema de justicia penal dio a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey —antes Escuela de Gobierno y Administración Pública (EGAP)— la posibilidad de replantear nuevos modelos, estrategias y diseños que se propusieron en ese cambio constitucional. Por ejemplo, el diseño de unidades de inteligencia para la prosecución del delito en las procuradurías y secretarías de seguridad pública.
Necesidad de ocuparse de temas sensibles
Dr. Pedro Rubén Torres Estrada, foto cortesía de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.Bajo el contexto referido, el Tecnológico de Monterrey vivió en marzo de 2010, la tragedia que experimentaron familiares, amigos, compañeros y profesores de los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados en el campus principal de Monterrey, Nuevo León.
Ello dio pie a que el Tecnológico de Monterrey decidiera participar en temas en los que originalmente no lo hacía. “La coyuntura institucional, aunada a la incipiente reforma en el sistema de justicia penal mexicano, nos instó a plantear nuevas ideas y formas de hacer las cosas en materia de seguridad y justicia. Actualmente existe mayor participación del Tecnológico en problemas del país considerados como sensibles”, afirmó el miembro nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Pedro Rubén Torres Estrada.
De la investigación básica a la acción-documentación e implementación
El proyecto de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, relacionado con la construcción de un país más justo, seguro y denominado Legado de seguridad y estado constitucional de derecho, inició en 2012 y concluyó en 2015, aludió su director Pedro Torres Estrada.
“En México no había inteligencia o elementos en las instituciones, bajo los cuales pudiera utilizarse información para la toma de decisiones. Por lo tanto, se propuso un modelo que tanto la Procuraduría, como las secretarías de Seguridad Pública de cada estado de la república, pudieran aplicar y así cambiar de una procuración reactiva a una preventiva basada en la información y la inteligencia”.
Otras propuestas tuvieron que ver con el mejoramiento de las instituciones de justicia. Por ejemplo, el diseño de un protocolo de actuación para que los policías respeten los derechos humanos pero sin que se les ‘caigan’ las detenciones ante los jueces de control, refirió el profesor investigador Pedro Torres.
“El proyecto no fue sino incorporar otras disciplinas como la ingeniería, las matemáticas o la economía a una problemática, a fin de ofrecer soluciones a aspectos como el de la inteligencia, logística de la seguridad, nuevos métodos pedagógicos para la capacitación, así como mejorar las actuaciones de las procuraciones de justicia para que cada vez se obtengan mayores sentencias condenatorias y controlar la impunidad”.
Equipo de investigación del proyecto Legado de Seguridad y Estado Constitucional de Derecho, foto cortesía de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.Al cuestionarle sobre los resultados de la aplicación del modelo, el abogado Pedro Torres señaló que alrededor de 20 estados de la república ya lo están implementando y han modificado sus instituciones en materia de inteligencia.
“El proyecto se consideró y se votó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública como un proyecto de prioridad nacional, después de haberse planteado en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ). Tenemos evidencia de cambios reglamentarios. Sin embargo, el impacto se verá en un par de años más, pero al menos los estados ya crearon la institución en sus leyes y reglamentos, hace falta ver la calidad de la implementación y sus efectos”.
El doctor Pedro Torres Estrada espera que este ejercicio modifique la manera de hacer las cosas en cuanto a seguridad y procuración de justicia en México.
Aprendizaje de la experiencia
Lo que se logró con el proyecto Legado de seguridad y estado constitucional de derecho es que el Tecnológico de Monterrey impulsó dentro de su modelo de investigación, la transferencia de conocimiento (investigación-acción y transferencia del conocimiento).
Las autoridades utilizaron como base el estudio realizado por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y se ajustó conforme a la necesidad de cada estado, en este punto no se puede dejar de reconocer el compromiso de algunas dependencias federales en impulsar el modelo como lo fue la Procuraduría General de la República (PGR) y su Agencia de Investigación Criminal (AIC), comentó el entrevistado.
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Otro elemento importante del proyecto consistió en haber reunido a expertos de diferentes disciplinas: abogados, administradores, matemáticos, economistas e ingenieros; trabajaron por un objetivo común y desarrollaron propuestas para resolver problemas concretos. Entre ellos, el doctor en ciencias sociales Héctor Rodríguez Ramírez, la ingeniera y doctora Gloria Pérez Salazar, el maestro Oscar Santiago Quintos, además de otros profesores y más de 20 alumnos de maestría, doctorado o posdoctorado, mencionó el doctor Pedro Torres y añadió que tal diversidad de perfiles dio una gran riqueza a la investigación.
Este modelo generó la publicación de los resultados en revistas de alto impacto y libros que son un referente a nivel nacional e internacional. El especialista enfatizó la importancia de que el proyecto, incorporado a la agenda pública, es algo innovador y una destacable enseñanza para la investigación. “Porque si la universidad no traduce sus conocimientos en soluciones tangibles que mejoren las condiciones de vida de las personas, el déficit de legitimidad ante la comunidad siempre será cuestionable”.
“Al trabajar con las instituciones se genera mayor impacto en las problemáticas, aparte es una buena forma de romper con el sistema tradicional y eliminar las barreras de la universidad acercando esta a la sociedad civil y al gobierno. Cuando se sale de los cubículos, donde las publicaciones solo las leen otros investigadores, pueden concretarse cosas muy valiosas. Alumnos y profesores se retroalimentan y fortalecen su aprendizaje más allá de los seminarios, gracias a las complejidades de la realidad y sus problemas, lo cual también ayuda mucho a los académicos para el estudio de casos que pueden exponer en sus clases”, concluyó el doctor Pedro Torres Estrada.
Equipo de investigación del proyecto Legado de Seguridad y Estado Constitucional de Derecho, foto cortesía de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
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