Entrega CIDE recomendaciones en materia de justicia cotidiana
Boletín de prensa
266/2015
México, DF. 28 de abril de 2015 (Agencia Informativa Conacyt.- Un “catálogo” de problemas largo, heterogéneo y complejo, es lo que encontraron las 17 instituciones encabezadas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en la consulta y análisis del tema de justicia cotidiana, cuyos resultados sirvieron de base para crear 217 recomendaciones y propuestas al ejecutivo federal, en las que el eje principal es la creación de una política pública para mejorar el acceso a la justicia.
“Encontramos un escenario profundamente preocupante sobre la justicia cotidiana, sus instituciones y sus efectos en la vida de la gente. Estamos obligados a reconocer que hoy, la mayoría de los mexicanos, carecemos de los medios y condiciones para solucionar nuestros conflictos a través de las instituciones”, aseveró el director del CIDE, Sergio López Ayllón.
En ceremonia protocolaria realizada en el Museo Nacional de Antropología (MNA), el director del CIDE hizo entrega formal de los resultados obtenidos al presidente de México, Enrique Peña Nieto, con la presencia de directivos y representantes de las instancias que colaboraron.
El 27 de noviembre de 2014, en el mensaje Por un México en paz con justicia y desarrollo, Peña Nieto había expresado: “Pero la justicia no se agota, hay que decirlo, en el ámbito penal. Hay una justicia olvidada, la justicia cotidiana (…) Esta justicia suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no pueda acceder a ella con facilidad”.
El presidente encomendó ese día al CIDE, que pertenece al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que organizara foros de consulta con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil para elaborar un conjunto de propuestas y recomendaciones en la materia.
Según López Ayllón, resultado de la consulta se determinó que el primer gran obstáculo para una justicia cotidiana es que las personas no conocen sus derechos.
Además de que “los procesos son largos y onerosos, los servicios de representación jurídica inciertos y de mala calidad, y las sentencias frecuentemente incomprensibles, cuando no inejecutables. Así, el conflicto que dio origen a la intervención institucional no solamente permanece sin solución, sino que genera otros nuevos conflictos”, aseveró el director.
Sergio López Ayllón aseveró que las 217 recomendaciones que se desprenden de los foros constituyen un programa de acción que puede servir de base para elaborar una política pública y nacional de acceso a la justicia.
No obstante, se considera que la construcción de esa política debe responder a una agenda, y por ello identificaron cuatro temas que resultan prioritarios: La creación de centros de asistencia jurídica temprana que puedan evolucionar a constituir una defensoría pública; regular la actividad y la responsabilidad profesional de los abogados; revisar la operación de las juntas de conciliación y arbitraje, y diseñar un nuevo modelo de justicia familiar.
SP/LR/MO/266/2015